No respetaron sus garantías: contadores

No respetaron sus garantías: contadores

CANCÚN, Q. ROO.- Al analizar los alcances del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF) que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) utilizó como argumento para detener a Juan Vergara Fernández, el ex presidente del Colegio de Contadores, Pablo Gutiérrez consideró que hubo una violación al debido proceso, ya que no es lo mismo evasión fiscal que lavado de dinero.

En entrevista con Luces del Siglo, el contable indicó que en lugar de seguir el procedimiento de un juicio fiscal, la autoridad procedió como si se tratase de un asunto penal. “Por la vía penal tendrán que demostrar que se cometió una defraudación fiscal y aun en ese caso, la acción la puede llevar a cabo la autoridad fiscal, no la SEIDO ni la PGR, esas autoridades tienen otro fin; pero por la vía administrativa se trata de un crédito que no se pagó y la vía penal se considera cuando se comete el delito de defraudación fiscal.

Todo tendrá que verse conforme a derecho y respetando la garantía de audiencia y de legalidad”, apuntó. Explicó que el artículo señalado se refiere a que hay presunción de que las operaciones celebradas entre dos contribuyentes pueden ser inexistentes, lo que significa que hay un abuso tanto a los trabajadores como al fisco, Seguro Social e Infonavit, porque son operaciones en las que no hay una estructura para dar el servicio y se da como tráfico o venta de facturas.

“El SAT conoce cuáles son las empresas que expiden y deducen las facturas, después de analizarlas inicia inspecciones a las empresas donde presume que no hay la infraestructura para dar el servicio, lo que hace es pedirle al contribuyente soporte la factura y cuando no lo hace, el SAT la publica en su página en ‘artículo 69’ y aun así le sigue dando plazo para que aporte; posteriormente, si no lo aclara avisa que dicha empresa no tiene infraestructura, pero a quien ya avisó la autoridad le manda una carta invitación y le da un plazo para que haga la autocorrección”, explicó el especialista.

El experto en materia fiscal mencionó que el fisco ha denominado a tres supuestos que incurren en el artículo 69 B: empresas fachada, fantasma y pantalla, pues son empresas que se detectaron que cometen abusos y fraudes tanto al fisco como a los trabajadores al no pagar ni Seguro Social, ni prestaciones, ni Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismas que ya tiene identificadas. Sin embargo, el contribuyente tiene derecho a que se le respete la garantía de legalidad y la garantía de audiencia, es decir, que se lleve un procedimiento ajustado a derecho y que se cumplan los requisitos de motivación y fundamentación para que disponga de tiempo para aportar pruebas.

El ex presidente de los contadores señala que para que se tipifique el delito de lavado de dinero se deberá comprobar que efectivamente el dinero fue producto de actividades ilícitas; sin embargo, “el manejo efectivo no quiere decir que tenga un origen ilícito, por ello la autoridad deberá comprobar que efectivamente los recursos provienen de actividades ilícitas y se introdujeron al sistema financiero para darles un matiz diferente”, finalizó.

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